Sala de Prensa

La Asociación de Empresarios de la IV fase de Poima reunidos hoy en Junta Directiva han manifestado su total oposición a la norma cautela territorial que prohíbe la instalación de actividad comercial en los polígonos empresariales.

Consideran que esta nueva normativa afecta muy directa y negativamente a la economía no sólo de su empresa sinó a toda la actividad empresarial menorquina.

La mayor parte de la economía de Menorca se genera en los polígonos empresariales y establecer una limitación como la propuesta por el Consell Insular significa seguir empobreciendo a toda la población menorquina, impedir la generación de puestos de trabajo y coartar la libertad de empresa que debería regir en una economía moderna. Añaden que el problema de los centros comerciales en los núcleos de población no se solucionará limitando la libertad de empresa en los polígonos empresariales.

Los empresarios han analizado las repercusiones que en sus inversiones supondrá la prohibición aprobada por el Consell Insular de Menorca. Tanto la pérdida de valor de sus terrenos y de sus construcciones, que calculan en un mínimo de un 15%, como la repercusión que esto puede tener en términos de financiación, en un momento en el que ya es de por sí difícil obtenerla,  supone una pérdida muy importante del capital activo de la empresa.

La situación económica y financiera actual debería ser argumento suficiente para no crear nuevas trabas al crecimiento y al mantenimiento económico de las empresas.

Esta limitación a la creación de nuevos establecimientos comerciales choca frontalmente con la libertad de cada empresario de establecer su actividad económica y de arriesgar su capital en la forma y en el lugar que deseen.

A todas estas argumentaciones se añade una situación especial que vivirá la IV fase de Poima. El gobierno municipal socialista vendió toda la promoción urbanística de esa zona empresarial condicionando los usos en cada una de las parcelas, y ahora el mismo partido político en el Consell Insular de Menorca prohíbe que se ejecuten los proyectos presentados.

Esta situación está significando que los empresarios que compraron sus parcelas con un uso exclusivamente comercial y con unos condicionantes de edificación y de plazos de ejecución no puedan cumplir con lo estipulado en los contratos de compraventa.

La Asociación analizará jurídicamente las repercusiones de esta moratoria. Incluso puede conllevar a la resolución de contratos de compraventa por tener éstos un contenido imposible y podría conducir a la devolución de las parcelas al Ayuntamiento con la consiguiente reclamación de daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado.

Ante los inconvenientes y graves perjuicios analizados los empresarios han acordado la presentación de alegaciones a la aprobación inicial de la moratoria con el objetivo de que ésta no se apruebe.