Sala de Prensa

La Asociación de Empresas de la Construcción y Promotores de Menorca ha presentado propuestas al borrador de la Norma Territorial Transitoria que anunció la Consellera Marta Vidal el pasado día 3 de marzo.

Mediante escrito presentado en el registro de entrada del Consell Insular el pasado día 21 de marzo, la asociación empresarial integrada en PIME Menorca, realizó las siguientes propuestas: 

1. Se recordó que el vigente PTI resultaba complejo en su interpretación, extenso en su contenido, imposible de cumplir en muchos de sus preceptos, que define aspectos de los cuales carece de competencia, y que resulta poco realista en sus previsiones. El tiempo ha demostrado, que salvo en los aspectos de desclasificación del suelo, pocas o casi ninguna de sus previsiones se ha cumplido. Ya manifestamos por escrito en el año 2003 la grave inseguridad jurídica creada por el PTI que ha provocado importantes indemnizaciones a cargo de fondos públicos, a pesar de la importante modificación del año 2006.
   
   Así pues, como cuestión general y previa, valorando positivamente toda simplificación y flexibilización de la norma, reclamaríamos mayores esfuerzos en la simplificación de la NTT. 
   
   
2. El PTI remitía a en muchos casos a futuros desarrollos reglamentarios o Planes Especiales que nunca se desarrollaron, y que tampoco tenían ninguna utilidad, por ejemplo, se pretendía ejecutar hacer un Plan Especial de Paisaje, del cual no constaban ni los criterios. Se podría  añadir a las Disposiciones Derogatorias de la NTT de cuestiones que ni se han desarrollado, ni tienen ningún tipo de utilidad.
   
   
3. Consideramos positiva la clasificación de los suelos, recogiendo las figuras existentes por la normativa.
   
   
4. También valoramos positivamente la mayor flexibilidad en cuanto a las edificaciones en zonas turísticas, permitiendo la tipología de plurifamilaires, pues entendemos que los criterios para los nuevos desarrollos deben fundamentarse en el cumplimiento de normas de calidad, no de limitación de la oferta. Ya manifestamos por escrito en el año 2003 que la supresión de unifamiliares en zonas turísticas trasladaría la presión a los núcleos tradicionales como ha sucedido.
   
   
5. Consideramos que la prohibición de uso residencial en rustico es excesivamente restrictivo. Que no debería establecerse la prohibición de construcción de nuevas edificaciones en rústico, sino en todo caso establecerse limitaciones a segregaciones nuevas, y autorizaciones de construcción en parcelas con determinadas superficies.
   
   A nuestro criterio, lo que evita la degradación del medio ambiente o del paisaje no es la prohibición absoluta, sino  el establecer los criterios y condiciones para posibles construcciones u ampliaciones de los inmuebles en suelo rústico de forma que se evitasen impactos paisajísticos negativos, se asegurase la calidad de los mismos, y que estos contribuyesen a la conservación y mantenimiento de los lugares donde se asientan, pero la prohibición absoluta lo que supone son efectos contrarios a este mantenimiento, pues provoca el abandono.
   
   
6. Se flexibiliza  el contenido de las matrices de uso en las diversas categorías de suelo, pero sigue resultando complejo y restrictivo.
   
   
7. Respecto al establecidos para la prestación de servicios complementarios en el medio rural, como es el agroturismo, turismo rural, estancias vacacionales, albergues y paradas, consideramos injustificado el establecer un criterio sobre la antigüedad de los edificios, lo cual supone la imposibilidad de ser utilizados para estos fines los inmuebles en mejor estado, los más modernos, siendo un criterio discriminatorio y no justificado. Debería permitirse también de forma expresa la recuperación de edificios en ruinas que consten debidamente documentados.
   
   Consideramos positivo la posibilidad de ampliaciones de los edificios, pues eso hará viable algunas iniciativas, condicionadas a las limitadas superficies de las edificaciones que además contaban con fincas de gran extensión.
   
   
8. Respecto a los núcleos tradicionales, el problema de la vivienda, y los futuros desarrollos urbanos, manifestamos nuestra disconformidad respecto a:
   • El establecimiento de alturas y densidades debe ser competencia de los planeamientos municipales, y su limitación por el P.T.I, supone en este caso, una clara vulneración del principio de autonomía municipal. Las densidades como las previstas siguen siendo totalmente contrarias a los principios de desarrollo sostenible, suponen el consumo de gran cantidad de territorio, a un coste muy elevado de urbanización.
      
   • Consideramos positivo el afrontar el grave problema, común a todas las poblaciones, núcleos turísticos y playas, como es el aparcamiento, donde debería existir un plan insular, con apoyo de diversas administraciones para su solución en cada municipio.
     
     
   • Los límites de crecimiento urbano debería ser los previstos en las DOT. El desarrollo ordenado consiste en ir aprobando con moderación los nuevos desarrollos, sus proyectos de urbanización con garantías de calidad, no con la limitación tan ajustada de la oferta de suelo, pues eso solo perjudica al posible adquirente de vivienda.
     
     
   • Manifestamos nuestra conformidad respecto a la regulación de posibles campos de golf, si bien entendemos que las limitaciones a 200 plazas los harán inviables. 
9. En cuanto a las infraestructuras náuticas debería permitirse expresamente su ampliación. Consideramos que el criterio debe ser el aprovechamiento óptimo de las infraestructuras existentes y claramente insuficientes, la instalación de infraestructuras temporales para embarcaciones menores, y no cerrar la posibilidad de ampliaciones si esto resulta insuficiente. Además de prever las dotaciones necesarias en tierra para las actividades auxiliares.
   
   
10. En materia de carreteras debería considerar prioritario las mejoras y modernización de la carretera general, adecuación de los cruces, con sus correspondientes salidas, vías de aceleración, ampliación sustancial de carriles lentos y la previsión a medio plazo de su desdoblamiento.
    
    
11. Que la tramitación  se realice con la mayor celeridad posible.