Sala de Prensa

Hoy se celebra el Día Mundial del Agua, para recordar la relevancia de este líquido esencial, un bien imprescindible para que la agricultura exista. Y bien lo saben los agricultores por la fuerte incidencia que tienen  en el día a día en el manejo de las tierras y la productividad de estas.

Estas dos últimas semanas pasadas eran decisivas para revertir la sequía en Menorca. Todas las miradas estaban puestas en el cielo, pero lamentablemente apenas ha llovido.

Sin duda alguna, para los ganaderos y agricultores la mejor ayuda que hubiéramos podido recibir es una lluvia constante durante unos días consecutivos, pero no ha sido así.

La semana pasada se publicó en el BOE por parte del Estado, el Real Decreto Ley 4/2022 por el que se adoptan medidas urgentes de apoyo al sector agrario por causa de la sequía.

AGRAME considera que las medidas son insuficientes y de poca incidencia real para el sector agrario de Menorca. Si realmente, el Gobierno de España pretende que se cumpla el objeto que el propio paquete de medidas urgentes de apoyo al sector agrario tiene: establecer medidas a quienes sean titulares de explotaciones agrarias, de forma que contribuyan a la recuperación de la rentabilidad de dichas explotaciones, que se han visto gravemente afectadas como consecuencia de la situación de sequía, así como por el incremento de los costes de producción y por la actual situación económica internacional.

El paquete de ayudas se ha estructurado en tres bloques: medidas laborares, fiscales y económicas.

Las medidas laborares no pueden limitarse al aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social a un interés más bajo. Lo que contribuye al endeudamiento y a la acumulación de pagos pendientes.

En relación con las medidas fiscales, aunque la disminución de un 20% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) sería una medida razonable, poca incidencia tendrá en Menorca porque apenas hay explotaciones agrarias acogidas al Método de Estimación Objetiva (Módulos).

A lo que se refiere a la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica (IBI), se vincula a la pérdida de ingresos de un 20 por ciento respecto a los últimos tres años, pero cabe recordar que la crisis que está padeciendo el sector es por un incremento brutal de los costes de producción, no por una disminución de ingresos. Tenemos el caso concreto del sector lácteo que, tras la subida, ya en 2021 del precio de la leche por parte de COINGA, estas explotaciones han visto aumentados sus ingresos, pero el aumento incesante de la electricidad, gasoil, abono, cereales, forrajes… hace que no se refleje positivamente en la cuenta de resultado  de la explotación. Sino todo lo contrario.

Por lo que, no se entiende que se haya escogido este criterio para aplicar una exención, si se sabe de sobra que el origen de la causa, en la mayoría de los casos, es otro.

En cuanto a las medidas de financiación del sector primario: línea ICO, financiación de avales, Plan de Seguros Agrarios y flexibilizar y anticipar la PAC; no resultan novedosas, y aunque pueden ayudar a dar una cierta liquidez tienen que ser ágiles, inmediatas y dotadas de partidas suficientes.

Ante una situación gravísima, y sin precedentes, las ayudas deben ser realmente extraordinarias. Desde AGRAME abogamos por un Gran Pacto de Estado para conseguir medidas urgentes excepcionales reales y de aplicación para todo el territorio español. No sólo por la sequía, también por los incrementos de los costes de producción desde hace meses, y las lamentables consecuencias de la guerra de Ucrania.

La Soberanía Alimentaria debe pasar a ser un tema de máxima importancia para todos los partidos políticos y la sociedad en su conjunto  e invertir la pirámide en los mercados. El valor y el precio de los productos agroalimentarios lo han de marcar los ganaderos y agricultores, después la industrial y por último la distribución. Si no es de este modo resulta imposible sustentar un sistema productivo cuya cadena de valor estructuralmente,  está totalmente rota.