Sala de Prensa

Desde hace años la Asociación Empresarial de Comerciantes de Menorca (ASCOME) viene defendiendo las viviendas turísticas como una actividad económica que distribuye la renta turística de forma inclusiva entre todos los menorquines y da apoyo a otros sectores productivos e industriales locales.

La tipología de viviendas turísticas que se alquilan en la isla beneficia a un gran número de sectores y empresas menorquinas turísticas, ya que sus huéspedes son, por lo general, un tipo de cliente que demanda con mucha mayor asiduidad otros servicios turísticos (alquiler de vehículos, restaurantes, turismo activo, comercios,…).

Además en el caso de Menorca para el desarrollo de las viviendas turísticas vacacionales (que representan hoy en día alrededor del 32% de las plazas turísticas de Menorca) nunca ha sido necesario contar con grandes inversiones públicas, ni privadas, ni sobreexplotar recursos naturales, sino simplemente poner en valor las pequeñas edificaciones disponibles. Casas que por lo general están en manos de particulares y/o gestionados por pymes locales.

A nadie se le escapa que, como consecuencia social y económica de la actual pandemia de la COVID, si no hubieran existido las viviendas turísticas vacacionales, Menorca no habría podido tener temporada turística ni en 2020 ni en 2021.

Desde ASCOME no podemos hacer otra cosa que sumarnos a las advertencias realizadas ya por PIME Menorca y otros gremios empresariales, sobre las graves consecuencias que conllevará la suspensión en la isla de Menorca del inicio de nuevas actividades turísticas de alojamiento dictada por el Govern de les Illes Balears, y que cuenta con el visto bueno del Consell Insular de Menorca. La aprobación exprés del Decreto ley 3/2022 de medidas urgentes para la sostenibilidad y la circularidad, escondía una moratoria turística que nadie conocía y que los sectores afectados no habían requerido.

Ya lo indicó públicamente el presidente del Consejo Económico y Social (CES) de España, Antón Costas, hace unos días. Los nuevos principios inspiradores de la nueva normativa marco del turismo en Balears “no pueden implicar decrecimiento, sino que es posible conseguir crecer de manera sostenible medioambiental y socialmente”. El dictamen del CES de Baleares de 2020 también ya presentaba una hoja de ruta de un crecimiento que exigía sostenibilidad y justicia social.

Los pilares de una Reserva de la Biosfera, como es Menorca, también hablan de armonizar la conservación de la diversidad biológica y cultural y el desarrollo económico y social a través de la relación de las personas con la naturaleza, no de decrecer.

La inseguridad jurídica generada con un abrupto nuevo cambio de las normas de juego en medio de la partida, sin habernos recuperado aún de las consecuencias económicas y sociales del coronavirus, afectará también de lleno a las inversiones en viviendas ya existentes que beneficiaban indirectamente a sectores industriales y relacionados con la construcción de Menorca. Ello estimulaba al sector comercial con la compraventa en la isla de productos de menaje, muebles, materiales de construcción, electrodomésticos, equipamiento del hogar,…

Al final, las rentas de estos alquileres obtenidos por los particulares y pymes locales revierten sin duda en el propio territorio de Menorca, y las inversiones en estas viviendas son ejecutadas por industriales menorquines, por lo que el reparto de la renta turística se realiza de forma inclusiva en la misma isla.