Sala de Prensa

La Asociación Profesional de Enseñanza Privada de Menorca muestra su rechazo total a la propuesta de subida del IVA al sector de la educación al 21%.

A pesar de que la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura que esta propuesta se trata a día de hoy de un mero documento de trabajo, la noticia ha sido percibida con gran temor en el sector.

Esta subida se traduciría en la necesidad de subir de forma automática los precios para poder sobrevivir, implicando a su vez la merma en la presencia de alumnos en los centros de enseñanza y academias. Presencia que, en cualquier caso, se ha visto ya gravemente afectada por la pandemia tanto en la finalización del último curso escolar como en el inicio del actual.

La asimilación del servicio educativo a bienes y servicios de lujo supondría un agravio comparativo con otro tipo de servicios, cuando debería tenerse en cuenta que, en la mayoría de casos, las clases particulares se deben a una necesidad del alumno.

Esta nueva carga fiscal llevaría al cierre total de muchos centros, que ya están haciendo un gran esfuerzo por mantener sus puertas abiertas. Además, con esta medida resulta evidente la automática proliferación de las clases particulares “en B”, con lo que se consigue el efecto contrario a la finalidad del tributo y acabará finalmente generando más economía sumergida y competencia desleal con las academias que sí cumplen con la normativa.

En unas circunstancias como las actuales, la administración debería velar y proteger al sector de las clases particulares, pues son quienes están supliendo las carencias de los alumnos debido a la falta de medios en muchos colegios e institutos.

En relación a ello, desde la Asociación Profesional de Enseñanza Privada de Menorca consideran necesario el apoyo de las administraciones con la puesta en marcha de un sistema de bonos cuyos beneficiarios fueran las familias, con la finalidad de poder hacerlos valer en centros y academias legalmente constituidas.

Finalmente, desde la Asociación se urge a las autoridades la adopción de medidas dirigidas a eliminar este tipo de actividades económicas no declaradas que escapan del control de la Administración y se reafirman en su rechazo a gravar el IVA a las actividades educativas y de salud. Esta práctica iría en contra de los principios legislativos de la Unión Europea y supondría además el ataque directo a un derecho esencial como es la educación, donde los grandes perjudicados serían las familias y sus hijos.