Sala de Prensa

La Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, PIME Menorca solicita a la Presidenta del Govern y al Conseller de Trabajo que traslade a la Ministra de Trabajo, entre otras cuestiones, que la solución adoptada para el sector turístico se adapte también para otros sectores económicos.

La previsión que realizó PIME Menorca con el informe sobre la situación de las empresas generada por la COVID 19, marca un escenario muy complicado para las empresas ya que la visión empresarial sobre el medio plazo es para más del 82% de los empresarios mala y muy mala.

A esto debe añadirse que más del 14% de las empresas manifestó que se plantea el cierre definitivo de la actividad. Durante el primer trimestre del año se cerraron ya 386 empresas y en el segundo trimestre 162, estos cierres alcanzan ya más del 10% de las empresas en variación interanual y la finalización de la temporada turística este mes de septiembre posiblemente empeore los datos.

La preocupación por la situación de las empresas turísticas de temporada y de los trabajadores de éstas se suma a la existente también en otros sectores productivos que se están viendo y se verán muy perjudicados por la reducción generalizada de rentas no sólo a nivel local y nacional sino internacional. La reducción del consumo afectará sin duda al sector industrial y la menor generación de recursos en las empresas reducirá la decisión de inversiones, muchas de ellas en infraestructuras relacionadas con la construcción.

Por ello, PIME Menorca insiste en que para todos los sectores productivos deben adoptarse soluciones, entre las que se encuentra la de flexibilizar los ERTEs turísticos a todos los sectores productivos que se hayan visto perjudicados por la pandemia y que los beneficios que puedan suponer se alarguen hasta que la economía alcance una recuperación y no antes de 2022.

También ve necesario que se recupere la aportación del Fondo de Garantía Salarial en las indemnizaciones por ceses laborales que provengan de la negativa situación empresarial y económica provocada por la COVID 19, para que las empresas en situación cercana a la quiebra o a preconcurso puedan adoptar medidas que ayuden a los autónomos, pequeñas y medianas empresas a su supervivencia.

Y finalmente, solicitan que la Administración renuncie a los créditos preferentes en situaciones concursales en beneficio de las empresas proveedoras y suministradoras de la empresa en dificultades para que no se interrumpa la cadena de pagos, que generaría un problema mayor en la economía global.