Sala de Prensa

En Menorca, las empresas, especialmente las pequeñas y medianas que mantienen su actividad durante todo el año, están encontrando cada vez más dificultades para completar sus plantillas, contar con personal cualificado y consolidar equipos estables. Esta realidad no puede explicarse por un único factor, pero sí pone de manifiesto que uno de los factores es el sistema de incentivos actual que requiere una reflexión profunda.

El sistema de protección por desempleo ha sido, sin duda, uno de los grandes avances sociales de nuestro país. Su finalidad es incuestionable, proteger a las personas en momentos de dificultad y aportar seguridad cuando el empleo desaparece. Pero precisamente porque es un instrumento al alcance de muchos, debemos ser capaces de analizar con honestidad qué ocurre cuando su diseño o su aplicación generan efectos que distorsionan el funcionamiento del mercado laboral.

Uno de los elementos que ha contribuido a esta situación es la evolución del contrato fijo discontinuo. Se trata de una figura que en su origen fue útil, y en cuya creación PIME Menorca tuvo mucho que ver, para dar estabilidad a trabajadores en sectores con actividad estacional y para cubrir circunstancias sobrevenidas de pérdida de ocupación no imputables al trabajador. Sin embargo, su aplicación generalizada ha derivado, en demasiados casos, en dinámicas que han desvirtuado su finalidad.

Lo que nació como un instrumento de protección frente a la estacionalidad se ha convertido, en algunos casos, en un mecanismo que prolonga situaciones de inactividad durante meses, apoyado en una cobertura económica que reduce el incentivo a reincorporarse al trabajo o a buscar alternativas laborales. Cuando el sistema garantiza ingresos durante largos periodos sin exigir una disponibilidad real, el mensaje que se traslada es equivocado.

No se trata de cuestionar derechos, sino de reconocer que los incentivos actuales no siempre favorecen la actividad laboral. Cuando permanecer en situación de prestación resulta más cómodo o más previsible que trabajar, el sistema deja de ser un apoyo temporal para convertirse en una alternativa de vida.

Esta situación es especialmente preocupante en Menorca, donde conviven sectores estacionales con otros que requieren actividad permanente durante todo el año. Las empresas que necesitan estabilidad en sus equipos ven limitada su capacidad de crecer, planificar y ofrecer un servicio de calidad. La falta de continuidad en las plantillas afecta directamente a la competitividad de nuestra economía insular.

A ello se suma un fenómeno que no podemos ignorar: el crecimiento de la economía sumergida durante los periodos de inactividad laboral. Muchos empresarios trasladan una realidad conocida que supone que trabajadores que, mientras perciben prestaciones públicas, desarrollan actividades no declaradas. Esta práctica no solo supone un fraude al sistema, sino que genera una competencia desleal frente a las empresas que cumplen con sus obligaciones.

El impacto es evidente. Por un lado, se incrementa el gasto público en prestaciones que no responden a una situación real de desempleo. Por otro, se reduce la recaudación y se distorsiona el mercado, penalizando a quienes actúan dentro de la legalidad. Pero además, se genera una percepción social muy preocupante. Genera la idea de que se puede vivir sin trabajar, y más aun, que se puede vivir mejor sin trabajar. Y esta percepción erosiona la cultura del esfuerzo y debilita la cohesión social, dos elementos imprescindibles para el funcionamiento de cualquier economía y de los que cada vez estamos mas faltos.

Desde PIME Menorca creemos que incentivar el empleo continuado de los trabajadores debe ser una prioridad. No solo por una cuestión económica, sino también social. Significa reforzar nuestro tejido empresarial, mejorar la productividad, consolidar equipos profesionales y garantizar que la riqueza generada permanezca en la isla. Significa también reducir la estacionalidad, facilitar la planificación y el crecimiento empresarial.

Para avanzar en esta dirección, es necesario revisar los incentivos, mejorar los mecanismos de control y, sobre todo, asegurar que trabajar siempre resulte más atractivo que permanecer inactivo. Debemos conseguir que el esfuerzo tenga reconocimiento y que estas demandas cuenten con el apoyo institucional.

Con esta reflexión no estamos cuestionando el derecho a la protección social. Pero sí defendemos que ésta debe ser compatible con un modelo económico que premie la continuidad, el esfuerzo y la participación activa.

Juan Carlos Fernández de Salort - Presidente