Sala de Prensa

En el ejercicio de la presidencia de PIME Menorca, uno escucha a diario las demandas de los empresarios. Demandas que, en su inmensa mayoría, no solo son razonables, sino que están orientadas a mejorar no únicamente la situación del propio empresario, sino la del conjunto de su entorno económico y social. Porque cuando una empresa funciona, también lo hacen el empleo, la cohesión social y el territorio.

Si analizamos con serenidad esas peticiones, observamos un patrón claro: casi todas tienen que ver con las obligaciones del empresario frente a terceros, fundamentalmente frente a la administración y frente a los trabajadores. Obligaciones crecientes, complejas y, en demasiadas ocasiones, desconectadas de la realidad cotidiana de quien levanta la persiana cada mañana.

Planteo a menudo un ejercicio sencillo a compañeros empresarios: definir cinco derechos claros del empresario y, a continuación, cinco derechos de la administración y de los trabajadores. El resultado es siempre el mismo. Para el empresario, cuesta llegar a uno o dos; para los otros dos actores, la lista supera con creces lo solicitado. Esta asimetría no es anecdótica: es estructural.

Quien sufre con mayor intensidad esta situación es el autónomo. No podemos olvidar que el autónomo es, antes que nada, una persona, con vida personal y familiar. Sin embargo, el marco normativo actual no solo no protege esa realidad, sino que empuja a muchos a diluirla, a confundir vida y empresa. El cansancio, la frustración y la resignación se han instalado especialmente entre los pequeños empresarios y autónomos. Y esa resignación es, quizá, la señal más preocupante.

La administración legisla, con demasiada frecuencia, de espaldas a la realidad empresarial y económica. La avalancha constante de nuevas obligaciones se va asumiendo como algo “normal”, y el espíritu crítico y emprendedor se va apagando. Cada nueva carga improductiva reduce un poco más el margen, la ilusión y la capacidad de asumir riesgos. Los empresarios deben tener iniciativa, si no, no hay progreso posible.

Se nos habla de nuevas exigencias en nombre de la seguridad económica o del interés general, cuando en muchos casos responden más a la seguridad jurídica y operativa de la propia administración. El resultado es un cúmulo de costes improductivos que no aportan tranquilidad al empresario, ni estabilidad normativa, ni previsibilidad. Al contrario, evidencian una preocupante improvisación regulatoria.

Mientras tanto, trabajadores, funcionarios y administración cuentan con marcos jurídicos sólidos que los protegen: el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto del Empleado Público por un lado, y un entramado normativo casi inabarcable por otro. Ambos incluyen derechos, garantías y procedimientos pensados para proteger al más débil. Pero la realidad ha cambiado. Hoy, en muchos ámbitos, el eslabón más débil es el empresario.

Por ello, desde PIME Menorca defendemos la necesidad de un Estatuto del Empresario. Un marco jurídico propio que reconozca y proteja la figura del empresario, especialmente del pequeño y del autónomo. Un estatuto que no sea una carta de privilegios, sino un instrumento de equilibrio.

Y me atrevo a proponer una serie de derechos entre los elementos que debería incorporar este Estatuto del Empresario

• Derecho a la seguridad jurídica y a la estabilidad normativa, evitando cambios constantes y retroactivos.
• Derecho a la proporcionalidad, para que las obligaciones y sanciones se adapten al tamaño y capacidad real de la empresa.
• Derecho a la simplificación administrativa y silencio administrativo positivo, con menos trámites, más ventanilla única y mayor digitalización útil.
• Derecho al silencio administrativo positivo: para obligar a la administración a cumplir con los plazos de respuesta.
• Derecho a la presunción de buena fe, especialmente en inspecciones y procedimientos sancionadores.
• Derecho a la conciliación personal y empresarial, reconociendo explícitamente la dimensión humana del empresario.
• Derecho a mecanismos de segunda oportunidad reales, especialmente ante errores no voluntarios.

Pero, además, este Estatuto debería incorporar una idea de fondo: el reconocimiento social del empresario. No solo por su aportación económica, creación de empleo, abono de impuestos, ejecución de inversión continua, sino por su papel social, por su contribución al bienestar colectivo, al arraigo territorial y a la cohesión de nuestras comunidades.

Defender al empresario no es ir contra nadie. Es establecer un modelo económico más justo, equilibrado y sostenible. Sin empresarios protegidos, reconocidos y escuchados, no habrá trabajadores protegidos, ni servicios públicos sólidos, ni futuro para territorios como Menorca. El Estatuto del Empresario no es una reivindicación corporativa: es una necesidad de país.