Sala de Prensa

En Menorca llevamos casi cuatro años sin otorgar nuevas licencias de alquiler turístico, una situación excepcional que se ha prolongado demasiado y que, desde la Asociación de Empresarios de Viviendas Turísticas de Menorca, VITURME, consideramos insostenible para una isla cuya principal actividad económica continúa siendo, sin discusión, el turismo.

La reciente noticia sobre la incorporación de apenas una cuarentena de viviendas gracias a la “bolsa temporal” de plazas dadas de baja vuelve a poner de manifiesto una realidad preocupante: Menorca no está generando nueva oferta, solo está gestionando el reciclaje de lo que ya existía. Mientras tanto, más de 300 solicitudes siguen paralizadas a la espera de poder operar legalmente. No se trata de propietarios oportunistas: en la mayoría de los casos hablamos de familias, pequeños inversores y profesionales locales.

Menorca vive del turismo, y negarlo sería negar la evidencia. El turismo que elige alojarse en viviendas turísticas supone una parte esencial de este sistema económico, porque su impacto no se queda en el alojamiento. Los propietarios contratan empresas locales de mantenimiento, jardinería, piscinas y limpieza, invierten en reformas, mejoras energéticas y puesta a punto de viviendas y los visitantes compran en comercios locales, restaurantes y servicios culturales y distribuyen el gasto por todo el territorio, especialmente en urbanizaciones y zonas no hoteleras.

Detener el crecimiento del sector del alquiler turístico significa frenar también a decenas de pymes menorquinas que trabajan directamente con estas viviendas. Cada licencia bloqueada es una oportunidad perdida para profesionales locales y para la economía circular que se genera en torno a este modelo de alojamiento.

La vivienda residencial y la vivienda turística son dos realidades diferentes que requieren políticas diferenciadas, planificación territorial y soluciones estructurales. El bloqueo administrativo de licencias durante años no ha solucionado el problema de la vivienda en Menorca. De hecho, ha generado inseguridad jurídica, frenado inversiones y limitado la capacidad de la isla para competir con otros destinos que sí han avanzado hacia modelos regulados, flexibles y equilibrados.