Sala de Prensa

La Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Menorca, PIME Menorca, expresa su profunda preocupación ante la decisión del Ministerio de Trabajo de reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales y que prevé aprobar el Gobierno. Esta medida, que aparentemente supone sólo un incremento de salarios o una mejora real para la economía, generará una importante carga económica para autónomos, microempresas y pequeñas empresas, especialmente en sectores clave para Menorca como la hostelería, el comercio, el turismo, la agricultura y la industria.

Una medida impuesta sin considerar la realidad de las pymes y autónomos

Desde PIME Menorca se denuncia que esta reforma laboral ha sido diseñada sin tener en cuenta la realidad empresarial de la isla, donde casi el 100% de las empresas son micro o pequeñas empresas y donde el peso del sector servicios es determinante. En un entorno donde la estacionalidad, los costes crecientes y la escasez de personal ya dificultan la actividad diaria, esta imposición gubernamental supondrá un nuevo golpe para los empresarios menorquines.

Las pymes y los autónomos ya soportan altos costes de explotación, una presión fiscal creciente y elevados costes de insularidad y esta medida no hace más que añadir incertidumbre y dificultades para mantener la viabilidad de los negocios.

Más costes, menos competitividad y peligro para el empleo

Esta reducción de jornada no supone sólo subida de salarios, sino un incremento de los costes laborales que muchas empresas no podrán asumir sin consecuencias negativas. Reducir la jornada de los empleados obligará a contratar más personal o a redistribuir el trabajo, algo inviable para muchas pequeñas empresas que ya operan con márgenes ajustados y se enfrentan a las dificultades para completar la plantilla habitual, a lo que deberá añadirse el incremento del salario mínimo y el de las cotizaciones sociales, sin que se hay tomado una sola medida que permita incrementar la competitividad de las empresas.

El resultado redundará de nuevo en una menor competitividad de las empresas, que provocará un alza de precios, pérdida de clientes, reducción de horarios de atención al público y, en el peor de los casos, cierres de negocios y pérdida de empleos.

Debe añadirse a estos riesgos el advertido por algún TTOO que ante el encarecimiento del destino Baleares se están planteando la búsqueda de otros destinos más asequibles. Y el ya comprobado la temporada 2024 de incremento de visitantes en régimen de todo incluido.

Un modelo que pone en riesgo la supervivencia de muchas empresas

PIME Menorca considera que el Ministerio de Trabajo está actuando de espaldas a la realidad empresarial y advierte que decisiones de este tipo, adoptadas sin consenso con el tejido empresarial y con un marcado sesgo ideológico, ponen en riesgo la continuidad de muchas microempresas y autónomos en la isla. En lugar de fomentar el emprendimiento y la generación de empleo, se está empujando a muchas empresas a situaciones complicadas.

Si no se corrige este rumbo, la reducción de la jornada laboral pasará de ser una aparente mejora social a una grave amenaza para el empleo y la economía de Menorca.

Un llamamiento a la responsabilidad y al diálogo

Desde PIME Menorca exigimos que cualquier reforma laboral se base en el diálogo y la negociación con los verdaderos afectados: las pymes, los autónomos y los empresarios que sostienen la economía de Menorca. Pedimos que se implementen medidas que ayuden a mejorar la productividad sin generar más cargas sobre quienes crean empleo y riqueza en la isla.

Los empresarios abogan por medidas consensuadas que incentiven, y no impongan, la reducción de jornada, que garanticen un equilibrio justo entre las necesidades de los trabajadores y la sostenibilidad de los autónomos y pequeñas empresas, el verdadero motor económico de la isla. Proponen, por tanto, un modelo donde las empresas que voluntariamente adopten esta medida reciban bonificaciones, reducciones de cotizaciones o incentivos fiscales que ayuden a compensar los esfuerzos que supone esta implementación.

Es fundamental recordar que el tejido empresarial es quien financia gran parte del sistema público a través de su actividad, de los impuestos y de las cargas sociales: pensiones, ayudas sociales y servicios esenciales. Si queremos que la economía siga siendo el motor de bienestar social, debemos evitar decisiones que asfixien al empresario, ya que sin empresas no hay empleo ni futuro.

En definitiva, la reducción de jornada laboral, tal y como está planteada actualmente, supone para Menorca un desafío que podría transformarse en un riesgo económico inasumible.