Sala de Prensa

El Comité Ejecutivo de la Federació de la Petita i Mitjana Empresa de Menorca, PIME Menorca analizó el contenido del D.Ley 1/2016, de medidas urbanísticas urgentes y cómo afectaría a la actividad económica de Menorca.

Los empresarios lamentaron la decisión del Govern en la supresión por vía de urgencia de algunos artículos de la ley de turismo, ley del suelo y la ley agraria, que suponen una reducción de expectativas a la inversión en algunos sectores económicos en los que es necesaria la aportación de valor para ganar en competitividad.

Esta modificación normativa fomenta la inseguridad jurídica que los empresarios demandan para fortalecer sus empresas. La incertidumbre que provoca no contar con un marco jurídico estable desmotiva la inversión y favorece el replanteo de decisiones a corto y medio plazo.

La decisión política tomada unilateralmente sorprende cuando en el caso de la ley agraria, aprobada apenas hace 12 meses atrás con el consenso de todo el sector agrario, que entendió que las facilidades en la adaptación del patrimonio rural encaminadas a la mejora de edificaciones, instalaciones e incluso posibilidad de actividades complementarias a la actividad agrícola, ganadera o forestal era una alternativa viable para la supervivencia y la mejora de la rentabilidad.

La derogación de la normativa autonómica y la propuesta del Consell Insular de derogación de la Norma Territorial Transitoria hasta la aprobación de la revisión del Plan Territorial Insular, supone para los empresarios una pérdida de confianza en un momento en que la economía de Menorca ha empezado a dar muestra de indicios de recuperación.

Los empresarios lamentan que después de tantos años de crisis económica en los que ha sido imposible acometer inversiones para modernizar establecimientos debido a la falta de financiación, que en el momento actual en el que existe cierta motivación para la reinversión en las propias empresas, encuentren en la administración graves dificultades para llevarlas a cabo.