Sala de Prensa

El anuncio efectuado por la Presidenta del Govern Balear sobre una revisión de los impuestos de la Comunidad Autónoma, IRPF, impuesto de sucesiones y donaciones, impuesto de patrimonio y el impuesto de transmisiones, y los efectuados por algunos ayuntamientos en relación al impuesto de bienes inmuebles, supondrán un importante incremento de la presión fiscal que afectará a las empresas de Menorca.

No sólo afectará negativamente de forma directa a las decisiones de inversión y consolidación empresarial sino también indirectamente en sus cuentas de resultados por la reducción del ahorro y del consumo que puede suponer a la ciudadanía en general.

El Govern debe adoptar otras fórmulas distintas al incremento de ingresos vía impuestos y valorar las consecuencias de estas decisiones sobre la economía global, que desde la Federación no auguran sean positivas.

No debería trasladarse a los ciudadanos y sectores productivos la responsabilidad en el cumplimiento del déficit exigido por el gobierno central, sinó que es necesario que la gestión de los recursos públicos sea más eficiente, que la máxima de prestar mejores servicios sin que esto suponga un incremento de gasto para las arcas públicas se convierta en una realidad en la administración y no acudir al endeudamiento o al incremento de ingresos vía impositiva para prestarlos.

Los empresarios entienden que es necesaria una mejor financiación estatal y ésta debe pasar por una mejora sustancial en el régimen especial de Baleares, que reduzca las desigualdades que los empresarios menorquines padecen respecto de otras comunidades autónomas e incluso del resto de islas de nuestra comunidad autónoma.

PIME Menorca solicitó a todos los partidos políticos en campaña electoral una rebaja impositiva en todos los ámbitos, tanto en los impuestos de carácter autonómico como en los locales, con el objetivo de incentivar la inversión y la consolidación empresarial necesaria para que la economía menorquina pueda finalmente alcanzar la recuperación.

Con ese anuncio y con la creación del impuesto turístico, no sólo no se atiende a las demandas empresariales sinó que puede provocar otro retroceso en la confianza empresarial necesaria para el sostenimiento de la economía.